Colombia. Gran revuelo se ha generado en Colombia tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que ordenó, mediante decisión judicial, que los operadores de TV por suscripción deberán contar con autorización de RCN y Caracol para retransmitir la señal de estos canales. La medida cautelar fue decidida por la SIC a solicitud de los canales.
Paso seguido, los canales hicieron público un documento mediante el cual se amplió la autorización de retransmisión de sus señales análogas hasta diciembre de 2014. La pregunta que quedó sin respuesta, es si cuando se cumpla este plazo buscarán que también se les pague por retransmitir su señal análoga, como hace dos meses, cuando los operadores de TV por suscripción sacaron del aire la señal en alta definición de ambos canales debido a que éstos decidieron cobrar por ella.
Tras la decisión de la SIC, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, pidió a la Superintendencia la suspensión de las medidas cautelares ordenadas por dicha entidad. Además, trasladar por competencia a la Comisión de Regulación de Comunicaciones los asuntos que le corresponde en virtud de sus facultades de ley.
El fondo de esta disputa legal está en la interpretación de la ley. Los operadores de TV por suscripción (los más grandes del país son Claro, Une, Directv y Telefónica) aseguran que RCN y Caracol son canales de señal abierta y no deben cobrar por su retransmisión, mientras que los canales sostienen que ellos deben garantizar que la señal llegue a todos los hogares, por eso pueden acceder a ésta señal a través de antenas de aire y a la alta definición con la televisión digital.
Cuando sugió la polémica por la señal HD, la ANTV inició un proceso de consulta pública para definir cuál será la política que se abordará para dar respuesta a esta disputa, en la que, obviamente, además de estar en juego el acceso de los colombianos a la televisión, hay mucho dinero de por medio.
A esta polémica se han sumado muchas voces. Una de ellas es la Contralora General, Sandra Morelli, quien alertó al gobierno por lo que podría convertirse en un detrimento para el erario público, puesto que estaría en riesgo las inversiones públicas que buscan implementar la televisión digital.
