México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, resolvió autorizar la transición de 58 permisos de radiodifusión en diversas localidades al régimen de concesión establecido en la LFTR, para lo cual otorgó, respectivamente, igual número de concesiones para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de uso público para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora.
Se trata de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los gobiernos estatales de Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Yucatán, y la Universidad de Guanajuato.
De la misma manera, el Pleno del Instituto autorizó la transición de 15 permisos de radiodifusión del gobierno del estado de Oaxaca y le otorgó la concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico de uso público para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital.
En otros temas, el Pleno autorizó dos transiciones de concesiones para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones a concesiones únicas para uso comercial, por un lapso de 30 años, para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones y radiodifusión que sea técnicamente factible, uno a una empresa en el Estado de Jalisco y otra a un particular en el Estado de Colima. De igual forma autorizó a un particular la cesión de su concesión en el Estado de Sonora.
Por otra parte, en la misma sesión, el Pleno autorizó el cambio de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico a un concesionario que presta servicios en los estados de Sonora y Sinaloa, en la banda 410-430 MHz, a efecto de que el mismo cuente con espectro continuo que le permitirá hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Para ello, se le otorgó un plazo para que realice la migración de sus usuarios y garantice la continuidad en la prestación de los servicios.
