México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, entregó a la Mesa Directiva y a comisiones dictaminadoras del Senado de la República las propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) con relación a los elevados cobros por el uso del espectro radioeléctrico en el país.
Las tres propuestas son consistentes con las que, en su momento, el IFT envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de las propuestas de modificación a la LFD 2022 desde junio del presente año e, incluso, desde años atrás. Estas propuestas consisten en:
- Ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación (5G). A través de la modificación de las cuotas previstas en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la LFD, que refieren a bandas de frecuencias que aún no se asignan (bandas de 600 MHz, banda L y banda de 3.3-3.45 GHz) o que todavía no se autorizan los servicios móviles para los que se prevé el cobro de derechos (3.45 a 3.6 GHz), a fin de promover el desarrollo del país, a través de las telecomunicaciones móviles y la eficiente asignación de espectro radioeléctrico para estos servicios.
- Modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de hacerlo basado en regiones celulares. Esto es, cambiar la estructura de cobros de derechos del artículo 244-G de la LFD a coberturas de menor dimensión geográfica, ajustándolas por una variable económica, a fin de promover la entrada de nuevos operadores con interés de prestar servicios a una escala local y que los pagos por derechos sean proporcionales al nivel económico de la zona a cubrir.
- Incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, para llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a Internet. La propuesta implica adicionar el artículo 239 bis a la LFD, para incentivar la inversión de los concesionarios actuales de bandas de frecuencias para servicios de telefonía e Internet móviles y llevar conectividad a localidades que actualmente no cuentan con servicios de banda ancha móvil.
Es importante señalar que las dos primeras propuestas no implican una reducción a los ingresos presupuestales de la federación. En el primer caso, la reducción de los montos de derechos de bandas del espectro radioeléctrico que aún no se asignan para la prestación de servicios móviles no significa pérdida de ingresos, justamente porque aún no se asignan.
Así, de reducirse los montos de las cuotas de derechos, esas bandas serán mucho más atractivas en futuros procesos licitatorios, lo que también redundará en nuevos ingresos por concepto de contraprestaciones y pago de derechos para la federación y evitará, como ya sucede, que se queden bloques de espectro desiertos en las licitaciones de espectro.
De igual forma, la segunda propuesta consiste en una redistribución de los actuales montos de derechos a que se refiere el artículo 244-G de la LFD para las bandas de frecuencias de 800 y 850 MHz basada en las 65 Áreas Básicas de Servicio en que se divide el país, en lugar de basarse en las nueve regiones celulares en que también se segmenta al territorio nacional.
Con ello, las zonas económicamente más robustas pagarían un monto mayor de derechos por habitante, mientras que las zonas más deprimidas pagarían montos inferiores. Ello incentivaría la entrada de nuevos operadores locales y regionales que hasta el día de hoy ven en los derechos por el uso del espectro una barrera artificial a la entrada al mercado móvil en el país. Al tratarse de una redistribución de los montos actuales, esta propuesta tampoco tendría un impacto en los ingresos presupuestales de la federación.
En cuanto a la tercera propuesta, cabe señalar que los esquemas de acreditamiento de erogaciones no son nuevos y se aplican en varios países del mundo para fomentar la conectividad en localidades desatendidas. La propuesta del IFT incluye el acreditamiento de las inversiones realizadas, así como de una parte de los gastos de operación del primer año de operaciones en localidades sin servicio.
Este esquema se sumaría a otros esfuerzos que se realizan para que todas las localidades del país lleguen a contar con el servicio móvil de acceso a Internet. La propuesta considera el Programa de Cobertura Social 2020 – 2021 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En este sentido, es importante señalar que el artículo 215 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos contarán con los mecanismos que determine la SCT, con el apoyo de la SHCP.
