El negocio de la televisión y los medios en Argentina sigue convulsionado. Mientras aún no se encuentran puntos de negociación para la nueva Ley de Radiodifusión, apareció una nueva polémica: la resolución 275/2009, del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que vuelve a vender pliegos de licitación para televisión por cable luego de un período prolongado, en un marco de flexibilidad que permitiría, entre otras cosas, que cooperativas ofrezcan servicio de cable, y la posibilidad de participar a pequeños proveedores en localidades de hasta 20.000 habitantes.
a ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable) lanzó un comunicado en el que advierte que lo dispuesto establece ahora la posibilidad de uso de infraestructura de terceros pues permitiría a grandes “empresas dar servicio por medio de testaferros o sociedades anómalas constituidas a tal fin”. La entidad explicó que las telefónicas, las empresas de servicios públicos o las compañías con más de un 30% de capital extranjero, todas inhibidas de brindar televisión por cable, podrían aprovechar este artilugio legal para ingresar en el mercado por la puerta trasera. Además, ATVC considera que, contrariamente a lo que se propone, esta resolución afectaría principalmente a los proveedores pyme, “ya que el bajo nivel de exigencia y de precio de los pliegos, constituye una invitación a atacar plazas ocupadas por ellos por medio de alguna red pública existente”, sin inversión previa ni necesidad de contar con infraestructura.
En el descargo del COMFER, fuentes de la entidad gubernamental señalaron que las telefónicas seguirán impedidas de brindar el servicio y que la medida apunta a terminar con la “aberración” que significó la suspensión de venta de pliegos. Además, el interventor Gabriel Mariotto destacó que a partir de la resolución las consultas que llegaron fueron principalmente de asociaciones civiles, cooperativas y algunos particulares.
Los directivos de ATVC sostienen que esta norma “establece beneficios indebidos y condiciones discriminatorias que atentan contra una industria con más de cuarenta años de inversión a riesgo”. La entidad considera que “debe mantenerse la obligatoriedad de acreditar la propiedad de la totalidad de la infraestructura y equipamiento necesarios para la instalación del servicio”, ya que, de lo contrario, “todo el andamiaje técnico-jurídico tenido en cuenta en el Reglamento para la adjudicación de licencias se desmoronaría”. La entidad, por lo tanto, “rechaza esta medida dictada de forma apresurada, que aborta el desarrollo y la inversión nacional en una verdadera red alternativa”.
