Colombia. Por un presunto detrimento patrimonial en los contratos de prórroga de la concesión de la licencia de funcionamiento, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal por $89.139 millones de pesos.
La medida cobija a los excomisionados de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, Zulma Casas, Ana María Vásquez, Alberto Guzmán, Eduardo Osorio y Rafael Samudio, en ejercicio para el año de la prórroga, así como a los canales de televisión RCN y Caracol.
Según la investigación de la Contraloría colombiana, la CNTV calculó el precio de la prórroga de los dos canales privados contando con que entre 2010 y 2011 debería entrar en funcionamiento el tercer canal privado de televisión del país. Esto hizo que el valor a pagar fuera menor.
Pero tras múltiples procesos el canal no fue adjudicado y el proceso de subasta fue tumbado por el Consejo de Estado a comienzo de este año.
La Contraloría sostiene que los comisionados de la CNTV debieron inmediatamente hacer el ajuste respectivo sobre el pago de la prórroga, pero no lo hicieron y por eso el Estado dejó de percibir $89.139 millones de pesos, que de resultar culpables deberán pagar los imputados.
Según informó el ente de control, Caracol y RCN debieron haber pagado por la prórroga, a valor presente, $528.734 millones de pesos, pero el precio pagado fue de $294.872 millones de pesos.
