Colombia. La Alcaldía de Medellín, en articulación con la Agencia Nacional del Espectro -ANE– y otras entidades nacionales, lideró un operativo que permitió el cese de emisiones y decomiso de equipos de cinco emisoras ilegales que estaban afectando la seguridad de las operaciones aéreas y las telecomunicaciones en el Medellín y el Valle de Aburrá.
Las frecuencias intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), esta última con cobertura del 80 % del territorio metropolitano.
Las investigaciones demostraron que estas emisoras operaban sin autorización, interfiriendo señales críticas como las comunicaciones entre aeronaves y la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera, además de impactar el funcionamiento de la telefonía móvil, el acceso a internet, las transmisiones de televisión y las frecuencias utilizadas por servicios de emergencia como ambulancias y Policía. Esta situación ponía en riesgo la vida de los ciudadanos y la seguridad de la operación aérea en toda la región.
“En Medellín hay autoridad y orden para proteger la vida y garantizar el correcto uso del espectro. Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”, precisó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.
Las autoridades confirmaron que las frecuencias desmanteladas tenían antecedentes de interferencias recurrentes, lo que obligó a un proceso de investigación y seguimiento técnico por parte de la ANE y la Aeronáutica Civil. En varios de los casos se registraron incidentes en los que aeronaves reportaron dificultades para comunicarse con la torre de control, lo que evidenció el nivel de riesgo generado por estas emisiones clandestinas.
Los equipos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y se iniciaron los procesos sancionatorios contemplados en la Ley 1341 de 2009, que prevé multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, además de investigaciones penales, conforme al artículo 257 del Código Penal.
Las entidades anunciaron que continuarán las labores de monitoreo y control para garantizar un espectro libre de interferencias y seguro para todos los ciudadanos.
