La convergencia de servicios en las redes de cable pone a los países ante un nuevo desafío, el desafío regulatorio: cómo regular esa infraestructura de la información. ¿Mantener la regulación por servicios? ¿Acaso otorgar licencia única? ¿Licencia única en torno a las telecomunicaciones o en torno a la televisión? Ese es el dolor de cabeza.
La diferencia no es de poca monta. Una convergencia regulatoria alrededor de las telecomunicaciones favorece el mercado, los negocios, la economía, la competencia; una convergencia realizada desde la televisión preserva los contenidos, la cultura y la libertad de información. Esa es la disyuntiva de los Estados.
El gran riesgo de una convergencia regulatoria hecha desde las telecomunicaciones, radica en que este es un sector generalmente controlado por los gobiernos de cada país, mientras que la tendencia es buscar que la televisión esté cada vez más distante del poder ejecutivo y más próxima a la sociedad. Una televisión bajo el control de cualquier gobierno pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a recibir información, que son fundamentales en la democracia.
En Colombia, el Ministerio de Comunicaciones ha presentado al Congreso de la República un polémico proyecto de ley para hacer la convergencia regulatoria alrededor de las telecomunicaciones. Eso ha prendido las alarmas de todos los sectores de la televisión: productores, emisores, anunciantes y periodistas, porque en el país el gobierno, a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –CRT–, controla esos servicios.
El gobierno colombiano propone que la ley declare como valor agregado la televisión que se distribuye utilizando guía artificial. De esta manera, la televisión por abonados quedaría bajo el control del gobierno, con los riesgos que ello implica para la democracia informativa.
Pero dado que en Colombia la competencia para regular la televisión le ha sido atribuida por la Constitución Política a un organismo autónomo como la Comisión Nacional de Televisión-CNTV, el citado proyecto de ley propone un cambio en la definición de televisión, que excluye aquella que se distribuya utilizando guía artificial. Así, la televisión por abonados pasaría a ser considerada un servicio de valor agregado. Tal pretensión ha sido comparada como si el agua de los ríos dejara un día de ser agua por el hecho de que se distribuye a los hogares a través de redes.
Este hecho traería consigo la imposibilidad de que el Estado regule los contenidos de la televisión por abonados a favor de las audiencias, porque al dejar de ser considerada legalmente como un servicio de televisión, el órgano regulador, la CNTV, perdería competencia para actuar sobre ella.
El Congreso de la República ve en la nueva definición un ardid del gobierno para hacerse al control de gran parte de la televisión y entrar a manejar directamente los recursos que genera el sector.
No se puede negar que, desde el punto de vista de los negocios y de la competencia, resulta interesante la convergencia regulatoria total, pero a la luz de la libertad de expresión no estaría mal que el límite fuera el contenido, por todo lo que implica en formación de opinión pública y por ser un servicio intrínseco a la función social del Estado.
En ese escenario, los gobiernos otorgarían licencias únicas para los servicios de telefonía, datos e internet, y un organismo estatal, independiente, concedería las licencias para televisión, sin que exista colisión de competencias, posibilitando la convergencia tecnológica en unas mismas redes, pero a partir de títulos habilitantes expedidos por autoridades distintas.
Más allá de la necesidad cierta de ordenar el sector de las telecomunicaciones y de facilitar el acceso de los ciudadanos a estos servicios, los Estados tendrán que hacer esfuerzos regulatorios para garantizar en pleno ejercicio de las libertades informativas, sin que ello signifique un freno a la convergencia ni al desarrollo tecnológico.
