La Argentina es un país que ama las dicotomías. Los amantes del fútbol necesitan dividir las aguas entre Boca y River, mientras que los de la literatura se empeñan en rivalizar a Borges con Sábato. Las carreras automovilísticas enfrentan sí o sí a Ford con Chevrolet, y durante casi un siglo la política se dividió entre radicales y peronistas. Es lógico entonces que ante una situación que todos consideran necesaria, como la reforma a la Ley de Radiodifusión que está vigente desde 1970, se hayan armado dos grupos muy marcados: el de los que defienden a ultranza la nueva propuesta y el de los que la defenestran.
La caducidad de la vieja ley, promulgada durante la última dictadura militar en una época en la que las tecnologías y las empresas de medios de comunicación distaban mucho de ser lo que son hoy, no es materia de discusión. Sí lo son las motivaciones que llevan al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a promoverla y la respuesta recibida por parte de los grupos empresarios más grandes del sector en el país.
Entre las novedades que se proponen en esta “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, se apunta a preservar el 33 por ciento del espacio audiovisual para organizaciones sin fines de lucro, apostando a una mayor diversidad y a que instituciones como universidades, sindicatos o grupos religiosos puedan “acceder a tener una voz para decir lo que piensan”, según declaró la propia Presidente en el acto de presentación de este proyecto. “Debemos desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios, favoreciendo un federalismo real que fortalezca lo local, con protección de nuestros bienes culturales, y defendiendo a los trabajadores y creadores, abaratando el acceso del ciudadano a la información y otros contenidos, a lo largo y ancho del territorio nacional”, dice la presentación del nuevo texto.
La fuente de la discordia
La parte más polémica, no obstante, es la que pone nuevos límites en cuanto al régimen de propiedad: el proyecto impide que más del 30 por ciento del capital que integra un medio sea extranjero, por un lado (esto frenaría los planes de Carlos Slim de lanzar sus servicios de triple play en la Argentina), y la cláusula que indica que “una misma persona física o jurídica podrá ser titular o tener participación societaria en más de una licencia para prestar servicio de radiodifusión, con las siguientes restricciones: en ningún caso podrá acumular un total superior a las doce licencias de radiodifusión abierta en todo el país”.
Este efecto desmonopolizador tiene como principal destinatario al Grupo Clarín, propietario del diario homónimo, Canal 13, Radio Mitre y accionista mayoritario de las dos principales compañías de cable del país, Cablevisión y Multicanal, que celebraron una fusión en diciembre de 2007. Incluso, esa unión que dejó en manos de un único grupo empresario al 80 por ciento de los abonados de cable del territorio nacional, fue aprobada por el entonces Presidente, Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, y hoy está a punto de revocarse, porque otro de los ítems de la ley afirma que ninguna empresa podrá excederse del 35 por ciento de los hogares de abonados a los servicios de radiodifusión por suscripción en su cartera de clientes.
Una necesidad genuina, como lo es la actualización de una ley obsoleta desde los puntos de vista jurídico, de negocios y tecnológico, se convierte así en un dudoso juego político, que permite a la oposición asegurar que se trata de “extorsiva”, de una “amenaza a la libertad de expresión” y “a una forma de controlar los medios”, según declararon respectivamente los políticos que están en la vereda enfrentada a la del oficialismo, Silvana Giúdice, Elisa Carrió y Gerardo Morales. De todas formas, se espera que el proyecto se convierta en Ley en el transcurso de los próximos dos meses.
Como ocurre con Boca-River, Ford-Chevrolet, Borges-Sábato o radicales-peronistas… Poner a muchos argentinos de acuerdo, aún cuando la necesidad está a flor de piel, puede ser una misión casi imposible.
