Venezuela. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), para cuando finalizó el pasado mes de octubre, La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de su país, conocida como Conatel, había cerrado 95 diferentes emisoras.
Esta información, que desde mitad de este año ha tenido repercusión en diferentes medios de comunicación internacionales e incluso en el Colegio Nacional de Periodistas, ha apuntado de forma crítica a la responsabilidad del Estado en este cierre sistemático de emisoras, como una forma de coartar la libertad de prensa.
En su cuenta oficial de Twitter @sntpvenezuela, el sindicato aseguró que “En todos los casos, la instrucción fue dada telefónicamente por monitores de Conatel, personas del mismo municipio que trabajan para el organismo. Las emisoras cerradas eran comunitarias con mínimo siete años al aire y medio centenar de trabajadores, entre locutores y operadores”.
Específicamente en un hilo publicado el 28 de octubre, esta organización explica que entre enero y octubre de 2022 pudo documentar el cierre de 79 estaciones de radio, por lo que estableció un promedio de 8 emisoras por mes. “Salvo un caso en el estado Bolívar, en el resto de los incidentes reportados aparece como responsable Conatel”.
Dicha publicación tiene como anexo un link donde se aloja un documento que recauda la información completa de este seguimiento. De los datos más relevantes de esta publicación destaca que dichos cierres afectan el 66,6 % del territorio nacional; en más del 80% de los casos “Conatel gira instrucciones telefónicamente”; pero sobretodo apunta a una arbitrariedad
“En relación a las formas y los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, en todos los casos se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones”.
Situación que cuenta con el respaldo de Delvalle Canelón, la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), quien explicó a la agencia internacional de noticias EFE que dichos cierres, ejecutados por Conatel, además de incluir la salida del aire de las emisoras, incluyen la incautación de equipos de transmisión, situación que calificó de hurto.
A esta situación de descontento se sumó James Story, embajador de Estados Unidos en territorio venezolano, quien publicó su opinión de la situación en su cuenta de Twitter.
En este mismo orden de ideas, se debe destacar un comunicado publicado el 27 de octubre por la ONG Espacio Público, llamado “Conatel debe garantizar el pluralismo y la diversidad”, firmado por alrededor de 40 diferentes organizaciones, donde se rechazó las acciones del ente regulador y señaló lo inconveniente de las nuevas disposiciones legales.
“Alertamos nuestra preocupación sobre el nuevo reglamento de vía generales de las telecomunicaciones ya que incrementa innecesariamente los requisitos para solicitar el acceso a una frecuencia. Estas nuevas exigencias son ilegales por no estar contempladas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y además complejizan la gestión en medio del desorden administrativo vigente”.
Finalmente y, en contraste, en la página web de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no hay mayor información al respecto y tampoco refieren opinión alguna en sus redes sociales.
