Mientras se discute si los canales pueden o no cobrar por su señal HD, se ha puesto en tela de juicio si la ANTV tiene o no competencia para tomar decisiones en este caso.
Por Richard Santa
Desde el pasado mes de abril se desató en Colombia una fuerte polémica entre los operadores de televisión por suscripción y los canales nacionales de televisión abierta por su señal en alta definición. Tres meses después aun no ha podido encontrarse solución.
Todo comenzó tras la intención de los canales Caracol y RCN de cobrar por la retransmisión de sus señales en alta definición. El anuncio estuvo acompañado del retiro de la señal hasta que no se alcanzara un acuerdo de pago. Esta situación generó gran impacto debido a que se hizo semanas antes de que comenzara el Mundial de Fútbol de Brasil.
Ante los primeros pronunciamientos de los reguladores, como la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de TIC, los canales accedieron a reestablecer su señal HD mientras se llevó a cabo el campeonato de fútbol, pero el 16 de julio la señal volvió a ser retirada para los operadores de TV por suscripción, quedando solo disponible para las ciudades en donde hoy está en servicio la televisión digital.
Los canales privados de televisión abierta basan su posición en que la señal HD era retransmitida gracias a acuerdos que se hacían entre ambas partes, y que se renovaban periódicamente. El último venció el 31 de marzo pasado y a la hora de la negociación para renovarlo, los operadores no aceptaron las nuevas condiciones.
También sostienen los canales que los operadores de televisión paga hacen un cobro adicional a sus suscriptores por la señal en alta definición. Es decir que se están lucrando gracias a una inversión alta en renovación tecnológica que ellos hicieron, mientras que a canales internacionales sí deben pagarles. Aseguran que si la señal HD es gratis, los operadores deberían garantizarla incluso para quienes no pagan el paquete adicional HD.
Respuesta de los operadores
Obviamente, los operadores de TV por suscripción han rechazado esta pretención, asegurando que es una medida ilegal, puesto que, a su modo de ver, desconoce la normatividad vigente (Acuerdo CNTV 2 de 2012, Artículo 9), que obliga a los canales abiertos a transmitir las dos señales (análoga y digital) hasta que llegue el apagón analógico o se culminen emisiones de la señal análoga.
Además, no les permite cumplir con el artículo 25 del mencionado acuerdo, en el cual se establece que los operadores de televisión cerrada están obligados a transmitir la totalidad de las señales. Los operadores también han manifestado que por ser los canales de carácter nacional y de señal abierta, deben garantizar el acceso a su señal y que de generarse ese costo, significaría un aumento en el costo del servicio que se le trasladaría a los suscriptores.
Andrea Muñoz Gómez, vocera de UNE EPM Telecomunicaciones, manifestó que “de no adoptarse la defensa del derecho del usuario a recibir la señal HD, se estarían violando la ley (Artículo 11 de la Ley 680 de 2001) y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la extinta Comisión Nacional de Televisión y la Superintendencia de Industria y Comercio, además de que estaría prevaleciendo un interés particular sobre el general y se desconocería lo que dicha normatividad buscaba: el derecho fundamental a la información, el acceso democrático a diferentes fuentes de información, educación y entretenimiento, y la promoción de la cultura”.
En un comunicado conjunto emitido por UNE EPM, Claro, Movistar y DirecTV tras anunciarse la suspensión de la señal HD a partir del 16 de julio, sostuvieron: “Confiamos en que la autoridad competente resuelva esta situación lo más pronto posible para eliminar la incertidumbre de los colombianos y garantizarles sus derechos. El conflicto de los canales privados de televisión no es con los operadores de TV por suscripción sino con los miles de colombianos que no pueden disfrutar de una señal gratuita”.
Acciones de los reguladores
Desde que comenzó esta polémica, la Junta de la ANTV comenzó una serie de análisis y consultas argumentando que para este caso se deben tomar decisiones de fondo que emitan las regulaciones para el futuro. En este marco se realizó un estudio sobre la televisión en el país, mediante el cual se buscaba establecer de qué forma los usuarios acceden al servicio. Éste fue dispuesto para comentarios de los interesados: canales, operadores de TV por suscripción y asociaciones del sector.
Entre las principales conclusiones del estudio, señala que no se encontraron casos en los que los set top boxes que tenían los suscriptores impidieran la recepción de la señal de radio frecuencia (RF), ya que se conectaban al televisor a través de cables tipo RCA o HDMI. Además, que eran pocos los hogares que contaban con una antena de aire para acceder al servicio de televisión abierta y tan solo un 1,5% de los suscriptores de la TV paga, contaban con una antena para combinar los dos servicios.
La Superintendencia de Industria y Comercio también se metió en el tema y ordenó, mediante decisión judicial, que los operadores de TV por suscripción deberán contar con autorización de RCN y Caracol para retransmitir la señal de estos canales. La medida cautelar fue decidida por la SIC a solicitud de los canales.
A esta polémica se han sumado muchas voces. Una de ellas es la Contralora General de Colombia, Sandra Morelli, quien alertó al gobierno por lo que podría convertirse en un detrimento para el erario público, puesto que estaría en riesgo las inversiones públicas que buscan implementar la televisión digital. El procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, también se pronunció en el mismo sentido.
¿ANTV es competente?
El tema de las competencias de los reguladores también ha sido un punto de discusión. Mientras que los operadores acudieron a la ANTV cuando estalló la polémica, los canales han sostenido que esta entidad no tiene competencia y han acudido a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Comisión de Regulación en Telecomunicaciones, CRC.
En su infome tras el cierre de la convocatoria a presentar los alegatos finales del estudio sobre el análisis del acceso a la televisión por parte de los colombianos, la ANTV indicó que:
“al cierre y dentro del término establecido por la entidad, recibimos pronunciamientos de las siguientes entidades: Une Comunicaciones, Telefónica, DirecTV Colombia, Telmex Colombia, Andesco, Cable Visión de Ibagué y City TV. Así mismo, Caracol Televisión y RCN Televisión, quienes reportaron de manera conjunta su posición en un único informe, se presentaron fuera del término definido en los actos administrativos”.
Después de este pronunciamiento, los canales fueron mucho más duros con la entidad, reiterando que la ANTV no es competente en este caso y solicitando de manera formal que el expediente que adelanta, fuera remitido a la CRC. Además, alegaron que la ANTV no les ha garantizado el debido proceso y ha difundido información que no es cierta sobre ellos, haciendo referencia a que no entregaron a tiempo sus conclusiones del estudio.
Por último, pidieron a la ANTV que que antes de tomar cualquier determinación respecto de la actuación administrativa a la que se refiere la Resolución 1612, se de respuesta a las peticiones de nulidad y de revocatoria presentadas el 21 de julio por ambos canales.
Tres meses después de inciarse esta polémica, la señal HD de Caracol y RCN sigue suspendida en los operadores de TV por suscripción, cada una de las partes defienden y radicalizan sus posturas y los reguladores ANTV, CRC y SIC, siguen analizando las decisiones que se tomarán al respecto. Mientras tanto, los afectados son los usuarios del servicio de televisión.
Entre los análisis y argumentos que se han hecho de este caso, se escharon voces que sostienen que es una consecuencia de un marco regulatorio que no cumple con las exigencias que generan para la industria de la televisión las nuevas tecnologías. ¿Será este el momento y la oportunidad para actualizarlas?
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