México. Conforme a la información más reciente, la mitad de la población cuenta ya con acceso a conectividad. Sin embargo, su ritmo de crecimiento se ha desacelerado y, en consecuencia, aleja en el tiempo la factibilidad de alcanzar esa conectividad plena. Esto hace más clara la necesidad de la suma de esfuerzos y de recursos públicos y privados, para alcanzar el cumplimiento del mandato constitucional.
Sabemos que el presupuesto gubernamental, más allá de ser un simple asiento contable, constituye un instrumento para la promoción del crecimiento económico, del desarrollo, de la equidad y de la inclusión social.
Su instrumentación efectiva requiere de la identificación de sus niveles óptimos, así como de las acciones, instituciones y marco legal para alcanzar esos fines.
Más aún si esta asignación de recursos detona la ejecución de políticas públicas ordenadas en nuestra Constitución, como lo es la consecución de la conectividad de la sociedad.
Paquete Económico 2020: Balance Primario Superavitario
Al inicio de septiembre, el poder Ejecutivo envió al Legislativo el Paquete Económico correspondiente al año 2020 en el que se incluye, entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que habrá de ser sujeto de ajustes en las posteriores discusiones que deriven de aquí hasta su aprobación.
En un contexto de desaceleración e incluso de una virtual recesión económica mundial, de compleja geopolítica internacional, de relajamiento de la política monetaria de diversos países y precios bajos del petróleo, el Ejecutivo estimó un gasto gubernamental equivalente a $6.1 billones de pesos, que equivale a 8% del PIB de 2018.
Al igual que para 2019, el balance presupuestario primario previsto para 2020 será superavitario (0.7% del PIB).
PPEF 2020: Las Asignaciones Propuestas
En lo que toca a las partidas y asignaciones para la ejecución de las políticas públicas de conectividad se proyecta una expansión de 30.7% en términos reales, relativa a la presupuestada para las instituciones y programas sectoriales en 2019.[1]
Un factor detrás de ello es la creación reciente de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom), empresa subsidiara de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que buscará dotar de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro a usuarios finales que no cuenten con una oferta comercial, y, de manera gratuita, en espacios públicos.
De acuerdo con el PPEF, para el cumplimiento de este cometido se planea destinar a la empresa $1,095 millones de pesos (mdp), de los cuales 91% corresponde a gasto en inversión a través de un programa de adquisiciones y el restante (9%) será erogado en gasto corriente.
Por su parte, la Subsecretaría de Comunicaciones recibiría $80 mdp, mientras que a Telecomunicaciones de México (Telecomm) y al Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), se les asignarían $550 y $169 mdp, respectivamente.
A su vez, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) y la creación de política de telecomunicaciones de los Centros SCT contarían con $483 mdp. y $84 mdp., respectivamente, mientras que la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, $103 mdp. De concretarse esta asignación en los términos propuestos, la Subsecretaría es la que mayor recorte sufriría, a saber, 33.2% menos recursos en términos reales en relación con el presupuesto aprobado para 2019. Sin embargo, Telecomm recibiría un incremento real de 70.8% en el mismo comparativo.
La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, dependencia de la Oficina de la Presidencia, recibiría $12 mdp, mientras que la Coordinación @prende.mx, encargada de la implementación Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos y que se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), contaría con $42 mdp. En términos reales, la primera instancia recibiría 29.9% menos recursos y la segunda, 2.8% menos.
En cuanto a los programas gubernamentales enfocados en el acceso y pleno aprovechamiento de las TIC, se le asignaría $175 millones de pesos a PROSOFT, que otorga apoyos para el desarrollo de software y servicios de tecnología, lo cual se traduce en un desplome de -52.3% en términos reales, en relación con el PEF de 2019.
Por su lado, “Internet para Todos”, que brinda conectividad en espacios públicos recibiría $467 mdp., es decir, 28.0% menos en términos reales.
Al englobar todos estas partidas con aquella del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que asciende a $1,730 mdp. (10.3% mayor que en 2019 en términos reales), se obtiene un total de $4.5 mil millones de pesos que se destinarían al sector TIC, lo cual apenas equivale a 0.1% del presupuesto total a erogar en 2020.
Un sector con fuertes necesidades de capitalización para el desarrollo de la cobertura y mejora en la provisión de servicios y marcados efectos multiplicadores asociados al despliegue de infraestructura y al impulso de la productividad, requiere de un presupuesto público también preminente y suficiente.
Recursos para Dotar de “Internet para Todos”: ¿Son Suficientes?
Cabe aquí revisar si estas asignaciones propuestas resultan suficientes para continuar en la trayectoria y, eventualmente alcanzar, el escenario de conectividad universal y pleno aprovechamiento de sus herramientas y aplicaciones.
El tema luce claro al revisar si 0.1% de inversión gubernamental es suficiente, a la vez que se plantea la conveniencia de diversificar el número de programas y proyectos que estimulen el crecimiento de las redes de telecomunicaciones y el aprovechamiento de las TI.
Efectivamente, un país que dedica esfuerzos y desea transitar oportuna y eficazmente hacia una sociedad plenamente digital requiere de un consistente y suficiente presupuesto digital.
Impuestos a Servicios Digitales para la Equidad Fiscal, la Competitividad y la Conectividad
La oferta de plataformas y vías de acceso a contenidos audiovisuales se expanden de manera acelerada y resulta en una creciente competencia por atracción y captura de audiencias. Llama la atención la continua multiplicación en el número de oferentes y la participación de mercado que alcanzan aquellas plataformas digitales de contenidos por Internet, denominadas ‘Over The Top’ (OTT por sus siglas en inglés), mayoritariamente aquellas provenientes del extranjero.
La creciente competencia por atracción y captura de audiencias se ha traducido en que la contratación de plataformas OTT entre los hogares pasó de 1.6% del total en 2011 a 24.8% en 2018.
Son precisamente los jugadores del extranjero los que se han beneficiado de un marco fiscal y regulatorio que aún no contempla su operación.
Su operación en México y en el resto del mundo aún no ha adecuado sus obligaciones tributarias (i.e. escalera fiscal) y normativas con las del resto de sus competidores nacionales. Por lo que estamos en presencia de un escenario de competencia desleal e inequitativa para nuestros productores y empresas de contenidos nacionales, circunstancia que, entre muchos otros efectos, menoscaba el desarrollo de la industria mexicana.
En nuestro país y en línea con las experiencias y recomendaciones internacionales que buscan y apuntan a la gestación de un balance competitivo entre jugadores de contenidos, se han promovido recientes iniciativas parlamentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que pretenden dejar atrás el escenario de vacío legal y laxitud normativa para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales. Ello a partir, no de la creación de impuestos especiales o nuevos gravámenes, sino de la simple aplicación del IVA a plataformas y servicios digitales extranjeros.
Este hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de $3,600 millones de pesos al año, que podría destinarse a programas para la conectividad universal. Al respecto, este monto equivaldría a casi seis veces lo asignado al Programa Prioritario “Internet para Todos” en 2019.
Es momento de que dejemos el retraso fiscal para el mundo digital de 7 años y nuestro país se sume a la lista de naciones que han dedicado esfuerzos para encontrar un balance competitivo para la innovación, incentivos a la inversión y desarrollo de la industria nacional de contenidos audiovisuales.
Otro caso de equidad fiscal, para la equidad competitiva e incluso para la conectividad.
Texto escrito por Ernesto Piedras y Samuel Bautista de The Competitive Intelligence Unit.
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