En el periodo legislativo del Congreso colombiano que comienza en marzo, se realizarán los dos debates que restan para la aprobación del proyecto de ley de modernización TIC que impulsa el gobierno. 

Richard Santa

Con el fin de mejorar la conectividad en todo el país y de actualizar la regulación del sector TIC y de la televisión y la radio públicas, reconociéndolos como un solo sector, el gobierno colombiano propuso un proyecto de ley denominado de Modernización del sector TIC, el cual generado una gran polémica desde que fue presentado el pasado mes de septiembre.

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En su justificación, el proyecto sostiene que “Durante décadas los sectores de: electrónica e informática, telecomunicaciones, y medios de comunicación y producción de contenidos tenían cadenas de valor claramente diferenciadas e independientes, sin embargo, el desarrollo del Internet de Banda Ancha y la aparición de terminales multifuncionales, propiciaron condiciones para el surgimiento de un ambiente de convergencia dando paso a un ecosistema digital, el cual es entendido como el conjunto de infraestructuras y prestaciones, asociadas a la provisión de contenidos y servicios a través de Internet. Este conjunto se encuentra integrado por medio de tecnologías de informática y comunicaciones, donde las fronteras entre los segmentos de negocio de la industria no están claramente definidas”.

Para lograrlo, uno de los objetivos del proyecto es cambiar la forma de asignación del espectro radioeléctrico, ampliando el plazo de adjudicación de 10 a 30 años, otorgando beneficios a las empresas que desplieguen infraestructura a zonas donde no hay conectividad o es de baja calidad, con el fin de atraer una mayor inversión de las empresas del sector.

En cuanto a la televisión se refiere, el proyecto propone cambios sustanciales relacionados con el ente regulador y los medios públicos. Entre otros, propone la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, y brinda nuevas herramientas de regulación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que pasaría a ser un regulador convergente y el Ministerio TIC asumirá las funciones de inspección, vigilancia y control. 

También plantea una nueva forma de financiar la televisión pública, uno de los aspectos que más ha generado polémica. El proyecto crea el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual uniría los fondos de FonTV que maneja la ANTV y de FonTIC. 

La CRC estará conformada por cinco comisionados de dedicación exclusiva para períodos institucionales fijos de cuatro años, no reelegibles, con voz y voto, no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa. Al menos un comisionado deberá ser ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, un comisionado será abogado y un comisionado será economista.

Los Comisionados serán designados de la siguiente manera:
a) Dos miembros designados por el Presidente de la República.
b) Dos miembros elegidos por el Presidente de la República mediante convocatoria pública, en la que cualquier ciudadano interesado que cumpla con los requisitos del presente artículo pueda postularse.
c) Un miembro elegido por el Presidente de la República de una terna de representantes postulados por los canales públicos de televisión. 

De acuerdo con la ministra TIC de Colombia, Sylvia Constaín, la ley que rige en Colombia está desactualizada para las nuevas realidades del sector, por eso urge aprobar el nuevo proyecto de ley. Aseguró también que este proyecto se basa en los ejemplos de regulaciones exitosas de diferentes países, así como en estudios del sector realizados entre 2016 y 2018 por el Departamento Nacional de Planeación. 

Las polémicas por la ley
Son muchas las polémicas que ha tenido este proyecto de ley, que incluso obligó al gobierno a aplazar su intención de aprobarlo con mensaje de urgencia al Congreso en diciembre, debido al descontento de muchos sectores que se han visto afectados. 

Las principales críticas del proyecto han sido por temas como:

  • La explotación y uso del espectro radioeléctrico. Se acusa al gobierno de querer beneficiar a las grandes empresas del sector. 
  • La independencia del regulador convergente. La OCDE recomendó a Colombia tener un operador convergente que fuera independiente del gobierno. Tal cual está planteada la designación de los comisionados de la CRC, será el Presidente quien elija a los cinco integrantes.
  • La financiación de los medios públicos. La ANTV durante los últimos años ha fortalecido la televisión pública mediante la financiación de proyectos por parte del FonTV. Con la integración del FonTIC y FonTV, ahora los canales regionales tendrán que competir con mayor cantidad de proyectos para obtener recursos.
  • La definición de justas contraprestaciones para los operadores de servicios de telecomunicaciones como son servicios de cable y televisión. Así como la definición de políticas de fomento de contenidos audiovisuales para la educación y la cultura.
  • La revisión del modelo de televisión y medios públicos para el país.

El reconocido crítico de televisión, Ómar Rincón, dijo sobre el proyecto que “no es de convergencia porque no incluye las plataformas OTT; no tiene soberanía de contenidos, no habla nada de contenidos, no protege la industria nacional en producción de contenidos y deja sin reglamentación de contenidos a las OTT; y la más grave es que se gubernamentaliza, porque los contenidos los va a manejar el Ministerio TIC”.

Los acuerdos alcanzados
Con el fin de lograr aprobar el proyecto de modernización TIC al comienzo de la legislatura de 2019, el gobierno, con la ministra Sylvia Constaín a la cabeza, se ha encargado de buscar acuerdos con diferentes sectores sobre las diferencias. Para ello, entre enero y febrero realizó 11 reuniones de socialización del proyecto en igual número de ciudades del país. También aceptó bajar de 30 a 20 años la concesión de espectro, prorrogables de acuerdo a las condiciones del momento. 

Sobre la financiación de los medios públicos, se acordó que se mantendrá anualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV) en 2012, fueron destinados por éste a RTVC y a los canales regionales de televisión. 

Así mismo, se mantendrá, por lo menos, el monto promedio destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), desde su creación, para la radiodifusión sonora pública. Estos montos serán ajustados en el mismo porcentaje de variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, aseguró la Ministra que se estudiará una política para los medios públicos, con el fin de fortalecerlos. 

Sobre el regulador convergente independiente, hasta el momento no se ha aplicado ningún cambio. La Ministra destacó que las recomendaciones de la OCDE son eso, recomendaciones y no es de obligatorio cumplimiento para los países. Además, que el gobierno garantizará la elección de personas idóneas para ese nuevo ente regulador y que con la definición de la naturaleza jurídica de la Entidad, que satisface los criterios constitucionales relacionados con la configuración de la independencia administrativa.

Si bien el gobierno ha logrado consensos en diferentes puntos polémicos del proyecto de ley, su camino en el Congreso no será fácil, puesto que aún hay muchos sectores en contra y el mensaje de urgencia en el que insiste la Ministra también genera malestar.

Richard Santa, RAVT
Author: Richard Santa, RAVT
Editor
Periodista de la Universidad de Antioquia (2010), con experiencia en temas sobre tecnología y economía. Editor de las revistas TVyVideo+Radio y AVI Latinoamérica. Coordinador académico de TecnoTelevisión&Radio.

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