La adjudicación del tercer canal privado de televisión es una de las decisiones que la Comisión Nacional de Televisión de Colombia podría tomar en los seis meses que le restan de gestión antes de su eliminación.
Por Richard Santa
Después de nueve intentos de eliminar la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, máximo ente regulador de la televisión en Colombia, durante sus 20 años de funcionamiento, el congreso de ese país aprobó la eliminación del rango constitucional que la cobijaba.
Con esta decisión tomada a comienzo de junio, el congreso dio vía libre para que el gobierno colombiano pueda eliminar la entidad y delegar las funciones que ésta tiene a otra u otras entidades. Para esto, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, TICs, Diego Molano Vega, se trazó un plazo máximo de seis meses.
Y es que la CNTV se convirtió para el Estado colombiano en una de las direcciones con más alto costo de funcionamiento anual, que ronda los $80.000 millones, sumado a constantes investigaciones por despilfarros e irregularidades en contratos adelantados por la entidad.
Según los argumentos consignados en el proyecto para eliminar la entidad, presentado al congreso por el senador Juan Fernando Cristo y promovido directamente por el gobierno, “la CNTV es el único regulador del servicio de televisión del mundo que tiene rango constitucional. Ello representa el mayor obstáculo que ha impedido que Colombia y su industria TIC encuentre un ambiente propicio para el fortalecimiento del servicio de televisión convergente”.
Uno de los puntos más cuestionados de la CNTV es la forma como se eligen sus integrantes. Los cinco comisionados que vienen de: dos el gobierno nacional; uno de las universidades que cuentan con facultades de comunicación; uno representante de los canales regionales; y uno representante de los artistas, periodistas, ligas de televidentes, libretistas, productores y realizadores.
Este modelo de selección fue en un principio visto como democrático, en el que tenían participación todos los sectores. Pero no todos los comisionados eran personas que tenían conocimientos para estar en esa entidad y llegaron más por favores políticos.
Retraso en la industria
En el proyecto presentado por el senador Cristo, se menciona que el rango constitucional de la CNTV ha hecho que el servicio de televisión en Colombia se mantenga un régimen obsoleto de concesiones y con pocos resultados.
“En la actualidad la CNTV es 22 veces más costosa para el Estado y la industria. Los logros alcanzados en materia de ejecución de sus funciones son poco significativos. Para solo citar una evidencia, se calcula que actualmente existen más de dos millones de suscriptores de televisión cerrada que están siendo atendidos por operadores ilegales y no le son reportados”.
También es criticada su gestión en pro del desarrollo de la televisión pública en Colombia. “Desde 1991, con insuficientes resultados, la CNTV ha administrado he invertido los recursos de la televisión pública, que no genera, simplemente ha sido un administrador de los ingresos que la industria de televisión debe destinar a este fin”.
El mismo ministro Molano Vega reconoció que el modelo de la televisión pública en Colombia actual, con los 11 canales que cuenta hoy, es insostenible.
Por último, el proyecto sostiene que desde el año 2000, en todo el mundo el concepto tradicional de televisión se transformó en uno mucho más amplio que incluye todos los contenidos digitales que llegan a los usuarios a través de múltiples aparatos como el computador y el mismo teléfono celular, mientras que Colombia continúa rezagada en este sentido.
Señala que se han identificado tres modelos regulatorios: “1. El modelo de regulador único, encargado de todos los aspectos de la regulación sectorial de cualquiera de los servicios de comunicaciones; 2. El modelo de regulador convergente que separa la regulación de redes de la de contenidos; 3. El modelo de duplicidad de reguladores, imperante en Colombia desde 1991, que establece un regulador para los servicios TIC y otro para el servicio de televisión”.
¿Qué es lo que viene?
El ministro Diego Molano Vega, anunció que durante el segundo semestre del 2011 se discutirá en el Congreso colombiano, el nuevo marco regulatorio que regirá la televisión en este país.
La idea del gobierno es que para la regulación de la televisión y el contenido de la misma, se cree un ente independiente con herramientas para promocionar el desarrollo de la industria, pero con poca burocracia. Por eso han pensado en una junta directiva que tenga salario por sesión a la que asista.
Además, la Comisión de Regulación de Comunicaciones asumiría el control de las redes de comunicaciones y el espectro sería regulado por la Agencia Nacional del Espectro.
La discusión de este proyecto está encabezada por el senador Eugenio Prieto Soto, quien le dijo a TV Y VIDEO que tiene una trascendencia mayor a la que se cree.
“A la final, esta va a terminar siendo una ley de medios. Y lo que tenemos que evitar es se abra el camino para que el Estado pretenda imponer una censura como ha pasado en los últimos años en Venezuela, Argentina y Ecuador. El gobierno actual no lo hará, pero no podemos dejar abierta esa posibilidad para que otros gobiernos futuros lo puedan hacer”, aseveró Prieto.
Indicó que el congreso y el gobierno acordaron unos principios rectores en los cuales se debe basar la nueva legislación de la televisión en Colombia. Ellos son: defensa de la TV pública, convergencia e integración con las TICs, producción y control de los contenidos, garantía de acceso igualitario y pluralismo informativo.
Además, autonomía territorial y democracia de participación local, autonomía -no independencia- del regulador, protección de los usuarios de los servicios, marco normativo de estabilidad jurídica de las inversiones en el sector, y contar con políticas de promoción de la industria de contenidos digitales.
Pero en Colombia se han suscitado algunas críticas a este proceso. Algunas de ellas, dadas a conocer en los medios de comunicación colombianos como lo señalado por el periódico El Espectador en uno de sus editoriales y por el mismo senador Prieto, insisten en que el gobierno podría controlar y hasta censurar los contenidos de la televisión y el Internet.
Además, han calificado el proceso como improvisado, porque no está definido quién asumirá las funciones de la CNTV y que la celeridad del trámite legislativo era más por dar un golpe de opinión.
Pero el ministro Molano Vega ha repetido que la nueva regulación no va a permitir que los contenidos estén en manos del gobierno de turno y que lo que se debe buscar es “pasar de una televisión con regulación restrictiva a una desregulación de la industria para que haya más competencia, más cobertura de redes y más contenidos”.
RECUADRO
Decisiones pendientes
Debido a que lo aprobado por el Congreso de Colombia estipula que mientras se tramiten las leyes correspondientes la CNTV continúa con sus funciones, los cinco comisionados deberán decidir qué hacer con los temas transcendentales que están en discusión actualmente.
Una de ellas es la del tercer canal de televisión privado. En julio del 2010 la CNTV iba a adjudicar el tercer canal, pero debió suspender el proceso porque el Consejo de Estado indicó que al elegir el modelo de subasta para otorgarlo, no se podía llevar a cabo con un proponente, como efectivamente pasó.
Los otros dos proponentes que hubo en su momento se retiraron denunciando irregularidades y favorecimiento a uno de los grupos interesados.
Otra decisión importante es el modelo de Televisión Digital Terrestre de Colombia. Si bien la CNTV eligió el modelo europeo DVB, Colombia es el único país de Suramérica que lo tiene y han comenzado a escucharse voces que piden al gobierno estudiar de nuevo la decisión, a lo que se oponen los comisionados.
Y esta discusión ha tomado fuerza después de que Uruguay anunciara el pasado diciembre que reversaba su decisión de adoptar el modelo DVB por el modelo brasilero SBTVD, debido a que Europa incumplió los acuerdos de inversión a los que se había comprometido para que los uruguayos aceptaran su modelo.
El plazo para que Europa cumpla con las inversiones que se comprometió en Colombia vence en septiembre, y sumado el riesgo a que pueda quedarse aislada teniendo el modelo diferente al de toda la región, que eligió el SBTVD, no sería extraño que el gobierno colombiano también reversara.
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