La apertura de mercados y el libre comercio son dos paradigmas de la globalización en los que más a fondo se ha empeñado Estados Unidos. Entre los años ochenta y noventa se cumplió la fase de la apertura, y a partir de entonces el reto es profundizar en el libre comercio en condiciones favorables para cada país.
En 1994, México firmó el Nafta con Canadá y Estados Unidos, creando así la segunda zona de libre comercio más importante del mundo, con 370 millones de consumidores. Y en 2002 Chile hizo lo propio con Estados Unidos. Los países de América Central, Perú y Colombia les siguieron en orden.
Entre los países latinoamericanos, la gran preocupación es la asimetría con la economía norteamericana. Y no faltan razones. Cinco de las diez productoras de audiovisuales más grandes del mundo son norteamericanas. Y Hollywood, en 2003, exportó más US$90 mil millones. O sea, 30 mil veces más de lo que exportó el gigante México.
De la negociación del Nafta quedaron excluidos la radiodifusión y los sistemas de cable, a los cuales sólo se les aplica para garantizar a los operadores el acceso a las redes.
Pero en materia de televisión, uno de los temas de base tiene que ver con la cuota de pantalla. México negoció sus industrias culturales según el principio de que su cultura es fuerte y no requiere protección especial. Como consecuencia, aceptó que cine, libros y revistas, radio, música, televisión y producción de contenidos fueran clasificados como servicios y no como industrias culturales. Esto significa que no pueden recibir subsidios, estímulos ni protección estatal.
No se hizo esperar el efecto de esta política sobre la producción de películas mexicanas, que se redujo de un promedio de 122 al año a tan sólo siete.
De todas maneras, México se reservó el derecho de adoptar medidas sobre inversión en servicios de radiodifusión, sistemas de distribución multipunto, música continua, además de televisión de alta definición, y a la prestación de esos servicios. Pero esta reserva no se aplica a la producción, venta o autorización de derechos de programas de radio o televisión.
Chile, por su parte, excluyó la industria cultural del TLC. La radiodifusión y la distribución por cable de programas de radio o televisión podrán ser intervenidas a fin de garantizar el acceso de los operadores a redes y servicios públicos de telecomunicaciones.
En materia de cuota de pantalla, Chile mantuvo su legislación, que le permite fijar un mínimo de hasta 40% de programas de producción nacional en televisión abierta. La cuota de pantalla en televisión abierta en Perú quedó fijada en un mínimo semanal de 30%, entre las 5:00 y las 24:00 horas.
Por su parte, Colombia mantuvo la cuota de pantalla vigente. No obstante, en la programación de los fines de semana se reduce a 50% y a partir del año 2009 a 30%. Y una vez se implante televisión digital, la cuota de pantalla sólo será aplicable a dos canales o a 25% del total de canales que el operador emita.
Otro de los aspectos básicos de estos TLC es la inversión extranjera y sus condiciones. En Perú, por ejemplo, sólo pueden ser titulares de licencias de radiodifusión las personas naturales peruanas o jurídicas constituidas y domiciliadas en el país. Además, Perú estableció un techo de 40% para la inversión extranjera en operadores de televisión, y la condicionó a que el inversionista sea titular o accionista de empresas de radiodifusión en su país de origen.
Chile se reservó el derecho de reglamentar el comercio transfronterizo de servicios de telecomunicaciones digitales y los de transmisiones satelitales unidireccionales, como el DTH de video y audio y todas aquellas destinadas a ser recibidas directamente por el público en general.
En Colombia, la inversión extranjera para televisión abierta se mantuvo en 40% y sin límite para televisión por suscripción, pero el titular de la licencia debe ser persona jurídica colombiana.
Por otra parte, Colombia liberó el número de concesiones para televisión abierta y televisión por suscripción, sujeto a una prueba de necesidad económica. Y se acordó que en el ámbito regional el servicio de televisión sólo sea prestado por entidades del Estado.
A la televisión paga se la liberó de la obligación de distribuir los canales regionales y locales. Pero se le mantuvieron las condiciones para incluir pauta publicitaria en territorio colombiano. Además, se le impuso la obligación de producir al menos una hora diaria de programación nacional y emitirla entre las 18:00 y las 24:00 horas.
En cuanto al cine, Colombia puede establecer la obligación de que hasta 10% de las películas transmitidas por televisión abierta sean nacionales.
Y respecto a la transmisión de publicidad por televisión abierta, Colombia se reservó el derecho a exigir que hasta 20% de esta sea creada y producida en el país.
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